_Este artículo fue publicado originalmente en [Letras Libres](https://letraslibres.com/politica/carlos-matienzo-segundo-culiacanazo-ovidio-guzman/), el 6 de enero de 2023._

Las imágenes de lo sucedido en Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán son más un testimonio de lo que el Estado mexicano ha dejado de hacer por años que de lo que es capaz de lograr en una madrugada. Fue más una muestra de debilidad que un despliegue de fuerza.

Es cierto, del Culiacanazo de 2019 al de 2023 hay una diferencia innegable: esta vez el detenido se quedó detenido y las fuerzas del orden demostraron que cuando hay voluntad y buenas decisiones táctico-operativas, no hay criminal que pueda escapar de ellas.

Pero no por ello caigamos en la tentación de hablar de un avance en la forma en la que el gobierno atiende la crisis de seguridad del país, ni mucho menos de la restauración del Estado de derecho. Porque lo que no cambió entre los dos Culiacanazos es lo fundamental: que existen otras fuerzas armadas en México, auténticas milicias, capaces de poner de rodillas a una ciudad para negociar con el gobierno; para dialogar por medio de las armas y el terror.

Lo que presenciamos en Sinaloa, de nueva cuenta, es el testimonio más crudo de lo frágil que es la presencia del Estado y del tamaño de su crisis de hegemonía territorial. Pensemos, si no, en qué otros países la detención de un delincuente desestabiliza por completo la vida de un estado a partir de una intensa movilización de civiles armados, del bloqueo de carreteras, el incendio de negocios y el saqueo de tiendas; del secuestro de médicos y ambulancias. En qué tipo de países los civiles disparan a aeronaves y provocan que los aeropuertos tengan que cerrar dejando incomunicado a todo un estado. ¿En uno cuyo gobierno controla su territorio o en uno que ha permitido que otras formas de organización armada emerjan sin control?

El caos en Culiacán es el resultado de años de expansión y fortalecimiento del crimen organizado frente a un gobierno que prefiere mirar a otro lado. Es la muestra más clara de la ausencia de una auténtica política de seguridad nacional; esa que no solo neutraliza a los enemigos o reacciona cuando las amenazas son ya inminentes, sino que previene: que permanentemente evita que grupos antagónicos al Estado se armen y se organicen.

Culiacán es también la muestra más clara de la mentira de la “pax narca”. De la falsedad del argumento de que si se deja tranquilos a los grupos criminales ahí donde son hegemónicos, estos se autolimitan. Por no hablar de la erosión que estos grupos generan en donde operan, hablemos de lo que sucede cuando los débiles equilibrios de esta paz se rompen –como sucedió con esta detención– y el poder de las organizaciones ilegales que se dejó crecer por años finalmente se manifiesta de la forma más cruda. La paz nunca es duradera cuando es resultado de un chantaje basado en la impunidad.

Los Culiacanazos no sucedieron en el vacío ni son incidentales. Son la consecuencia de décadas de inconsistencia y complicidad gubernamental; de ausencia de sentido estratégico en materia de seguridad; de debilitamiento institucional y de corrupción; de tolerancia a lo intolerable. De la claudicación del deber civilizatorio del Estado. Cada arma, cada automóvil y cada persona que ayer salió a combatir a las fuerzas del orden son una prueba de ese abandono.

Las causas de la propia detención dan cuenta de la deriva. No sucedió como un objetivo estratégico para reducir la fuerza de estas organizaciones o para provocar una alteración deseada en los equilibrios criminales del país. Tampoco vino acompañada de otras detenciones que den cuenta de un caso bien armado que busca desarticular a toda una red de generadores de violencia. No: sucede de forma aislada y justo en vísperas de la visita del presidente Biden a México, cuya administración había demandado este objetivo tras el fiasco de 2019 y posiblemente empujó a la realización del operativo después de aportar inteligencia producida por sus agencias.

¿Y qué viene después? Seguramente algunos estallidos de violencia y actos de retaliación en alguna u otra parte del país; un respiro frente a las presiones del vecino del Norte y algunas palmaditas en la espalda entre funcionarios por una nueva “victoria” alcanzada. Y a seguir administrando el desastre.

Lo cierto es que mientras no contemos con una estrategia consistente de contención y desarticulación de organizaciones armadas ni expandamos la capacidad administrativa y policial del Estado en todos sus niveles y territorios, la hidra seguirá creciendo, y en la siguiente oportunidad que queramos cortar una cabeza, tal vez ya no seamos capaces de contener la reacción. Segunda llamada, segunda. ~



Lo sucedido en Culiacán (en 2019 y 2023) fue una muestra de debilidad del Estado mexicano. Es el resultado de años de expansión y fortalecimiento del crimen organizado frente a un gobierno que prefiere mirar a otro lado. Es la muestra más clara de la ausencia de una auténtica política de seguridad nacional; esa que no solo neutraliza a los enemigos o reacciona cuando las amenazas son ya inminentes, sino que previene: que permanentemente evita que grupos antagónicos al Estado se armen y se organicen.



Culiacanazos: el Estado al desnudo

_Este artículo fue publicado originalmente en [Letras Libres](https://letraslibres.com/revista/el-presidente-y-su-ejercito/), el 1 de enero de 2023._

Cuando López Obrador llegó al poder probablemente sus seguidores creyeron que con el “regreso del Estado” se revertiría el proceso de fragmentación y violencia desbordada por el que atravesaba México; uno de los tantos males achacables a la retirada neoliberal. Tal vez por eso aceptaron sin mayor resistencia una decisión que antes parecía poco transitable: la de mantener y profundizar el proceso de militarización del país.

Las opiniones registradas en las encuestas de percepción de la seguridad daban cuenta de ese optimismo indulgente: para diciembre de 2018, por primera vez en la historia reciente, la mayoría de los mexicanos consideró que al país le iría mejor en materia de seguridad. Bajo la restauración de la presidencia fuerte, habrán pensado, se expandiría la presencia estatal y se recuperaría el poder ahí donde otras formas ilegítimas de violencia organizada habían ganado soberanía. Por ello, continuar usando al ejército, no solo no era incongruente con el espíritu del obradorismo, sino que era la materialización más tangible de su pretensión de hacer volver al Estado.

A cuatro años de gobierno, hoy estamos ante una paradoja clara: existe un presidente fuerte y la presencia de sus fuerzas militares en el territorio es más amplia que nunca, pero, al mismo tiempo, el Estado se percibe más débil y fragmentado que antes: la crisis de hegemonía territorial, cuyo sistema de interacción es la violencia armada, no solo no se ha revertido, sino que se ha profundizado.

En muchas de las regiones de la periferia mexicana persiste un problema que Claudio Lomnitz ha logrado conceptualizar con gran claridad: la violencia se ha convertido en la nueva forma de vida y de ordenamiento de lo local; es el mecanismo de intermediación de las comunidades con las fuerzas del Estado.

Por si fuera poco, en regiones como Zacatecas o Michoacán, la guerra pasó de ser una metáfora a tener elementos tangibles de conflictividad armada entre civiles. En esos lugares, un heterogéneo ecosistema de grupos armados combate de forma organizada para conquistar territorios con finalidades extractivas o incluso por razones “morales”, como ha sido la batalla por Aguililla, el lugar de origen de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Todo ello se refleja en los altos niveles de violencia que se contraponen al optimismo de buena parte de los mexicanos. De 2020 a 2021, la tasa de homicidios dolosos apenas y se redujo en un punto, pasando de 29 a 28 homicidios por cada cien mil habitantes. Si buscamos en la historia, la violencia no había sido tan alta desde los años sesenta y los homicidios de hoy representan más de tres veces los registrados antes de que la “guerra contra las drogas” iniciara. La tasa de asesinatos en México es cuatro veces superior a la del mundo; trece estados se encuentran en esa situación y hay ciudades como Colima, Zamora, Fresnillo o Tijuana donde los niveles de violencia son hasta 27 veces superiores a la tasa mundial.

En suma, el aumento del despliegue de fuerzas federales, alimentado por decenas de miles de militares vestidos de guardias nacionales, parece haber servido de poco.

Esta aparente inconsistencia responde, en primer lugar, a un hecho que ha estado presente desde el primer momento en que los militares fueron desplegados para hacer la “guerra” contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón: esos soldados y marinos nunca han tenido clara su misión; es decir, el objetivo de la guerra en la que combaten. En el mejor de los casos, esto ha causado que el efecto de su presencia sea apenas efímero y, en el peor, ha profundizado el problema.

Cuando López Obrador decidió que no podía prescindir de los militares para atender el fenómeno de la violencia no solo no resolvió esta carencia estratégica, sino que la agudizó. Al crear la nueva instancia civil en teoría, pero militarizada de facto –la Guardia Nacional–, para desplegar más hombres en más territorios, nuevamente lanzó al ejército a una guerra sin rumbo claro ni enemigo tangible. ¿Quién puede responder a la pregunta de cuál es la misión institucional y coyuntural de la Guardia? ¿Qué hacen más allá de patrullar por las carreteras del país? ¿Están desplegados para neutralizar a los grupos de civiles armados o para disuadir que combatan entre ellos? ¿Quién es el enemigo? ¿Son los traficantes? ¿Son los pandilleros?

Estas preguntas no tienen respuestas porque los artífices de esta institución, tanto militares como civiles, han confundido las acciones instrumentales con las estratégicas. No es casualidad que los informes matutinos que presentan las autoridades federales de seguridad sean dedicados principalmente para enumerar cuántos nuevos cuarteles han construido, cuántos nuevos elementos han reclutado o cuántas patrullas han comprado.

La carencia de misión se refleja también en el fraude normativo bajo el que operan las fuerzas armadas y con el que controlan a la Guardia Nacional. En una simplificación grosera, hoy los militares actúan bajo el amparo de un transitorio constitucional que dice que su presencia es para auxiliar en materia de seguridad pública. Lo mismo la Guardia Nacional, cuya adscripción constitucional es la seguridad pública, pero en los hechos está en manos de la dependencia encargada de los asuntos de la guerra. Como resultado, estas corporaciones lo mismo persiguen ladrones de automóviles que combaten contra comandos armados.

Lo cierto es que México enfrenta una hidra de tres cabezas desde una visión normativa de la seguridad: hay problemas de seguridad pública en las urbes del país, pero esos deberían ser resueltos por las policías que hoy están en el abandono financiero y programático. Hay también problemas de seguridad nacional, esos que todo mundo menciona en el discurso, pero nadie se atreve a poner en la ley: problemas que, si los acotamos con claridad, justificarían el uso de las fuerzas militares en espacios y tiempos específicos, y las dotarían de una misión clara. Y hay incluso un espacio intermedio, de zonas rurales con el potencial de convertirse en fragmentaciones territoriales, donde una corporación civil como la Guardia Nacional, con doctrina y carácter propio, podría funcionar como fuerza preventiva.

El resultado de esta deriva normativa no ha sido solo el desorden estratégico de las fuerzas militares, sino además es la fuente de una especie de desinstitucionalización de las mismas. Acostumbradas a actuar al margen de la ley o en la simulación de la misma, operan únicamente bajo el amparo de la “lealtad” al comandante en jefe, aunque ello implique acompañarlo en su debacle.

López Obrador entendió perfectamente que en esa desinstitucionalización de las fuerzas armadas estaba la oportunidad para cooptarlas. Al entregarles el pleno control de la agenda de seguridad, sin pasar por las molestias de construir un marco normativo que clarificara y controlara su labor, encontró la forma de asegurar la lealtad de la única fuerza a la que realmente temía frente a sus intenciones hegemónicas.

Pero para el presidente no bastó con tener a las fuerzas armadas “tranquilas”. Pronto supo que la lealtad reforzada y la indefinición jurídica legal le permitían hacer de estas corporaciones el ariete para debilitar a otra de las barreras para su régimen personalista: la burocracia. Al ocupar cada vez más espacios civiles, los militares han coadyuvado a desmantelar el aparato administrativo del Estado, ese que dota de racionalidad al gobierno y que permite poner límites a los individuos que lo encabezan. De tal forma, López Obrador ha usado una herramienta del Estado para debilitar al propio Estado con el objetivo de fortalecer su presidencia.

La jugada ha dado grandes réditos. Por un lado, hoy las fuerzas armadas y su Guardia Nacional, carentes de institucionalidad plena, dependen de un equilibrio específico: el que garantice la continuidad del esquema que les ha otorgado este régimen, metiéndolas de lleno al juego de la política. Por otro lado, al expandir su presencia en el aparato administrativo, ese modelo de codependencia se consolida.

En el fondo, el presidente no ha hecho sino debilitar a las fuerzas armadas y los efectos comienzan a ser notorios. El valiente discurso del senador Germán Martínez frente al secretario de la Defensa el 19 de octubre de 2022 da cuenta del rompimiento de un sector de la clase política, otrora aliada natural de los militares, que hoy mira con desconfianza a quienes busca comandar en el futuro.

A nadie conviene tener unas fuerzas armadas desinstitucionalizadas. A nadie conviene que entren al juego de la política. A nadie conviene que estén distraídas de las tareas en las que sí son necesarias, es decir, en la defensa de nuestra soberanía e integridad nacional. Y a nadie conviene tener un Estado con menos administración y más fuerza. A nadie más que a una sola persona: a quien busca capturar al Estado para estar por encima de todos. ~



Hoy, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional carecen de institucionalidad y dependen de un equilibrio específico: el que garantice la continuidad del esquema que les ha otorgado este régimen. Esto las mete de al juego de la política.



El presidente y su ejército

_Este artículo fue publicado originalmente en el diario [Excelsior](https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/nearshoring-en-fuego-cruzado/1574673), el 9 de marzo de 2023._

Ian Bremmer, un connotado analista estadunidense que asesora a empresas sobre los riesgos políticos de los países en donde invierten, sorprendió a propios y extraños el 4 de marzo con un tuit en el que, además de compartir una sonriente foto con el presidente López Obrador, aseguraba que había sido fascinante pasar un tiempo con él y escuchar con optimismo sobre el futuro de México. Un futuro sustentado en el nearshoring: el fenómeno que nos coloca como el sustituto de China como fuente de las importaciones estadunidenses.

Esa misma semana, William Barr, exfiscal general de los Estados Unidos, publicó un editorial en el Wall Street Journal, en el que llama a su país a derrotar a los cárteles “narco-terroristas” de México, haciendo eco de la propuesta de congresistas conservadores de su país. Para este sector de la política estadunidense, México, más que una tierra de oportunidad es tierra de problemas producto del tráfico de drogas, la violencia descontrolada y la inoperancia del gobierno mexicano.

Esta doble narrativa frente a México refleja una paradoja real de la situación del país. Por un lado, los astros geopolíticos se nos han alineado por la debacle en la relación China-Estados Unidos. Nuestro país es la alternativa obvia: un terreno cercano y conocido, con cadenas de distribución maduras, con libre comercio, mano de obra barata y calificada y, sobre todo, que puede ser supervisado.

Sin embargo, la mejor de las oportunidades nos llega en el peor de los momentos. Las inversiones no sólo enfrentan incertidumbre jurídica y escasez de energía producto de las malas decisiones de este gobierno, también enfrentan un entorno de inseguridad y violencia para el que no están listas. México tiene una tasa de homicidios cuatro veces mayor a la del mundo y en 2022 fue la quinta más alta en los últimos 60 años. Tenemos ciudades como Tijuana, símbolo de la integración norteamericana, con tasas de asesinatos comparables con zonas de conflicto.

Las organizaciones criminales que generan esta violencia son heterogéneas: desde pandillas urbanas hasta milicias armadas en regiones rurales. Y su presencia tiene implicaciones tangibles para la continuidad de los negocios: obreros asesinados en sus traslados, extorsiones en los procesos de construcción, robo de mercancías y unidades en las carreteras y competencia desleal en los mercados negros. Está, además, el impacto de sus “batallas”: lo que produce un Culiacanazo, que conllevó el cierre de carreteras y aeropuertos en toda una región, o los bloqueos carreteros y quemas de negocios en el Bajío;  situaciones en las que las plantas paran, los transportes se desvían, y los trabajadores y clientes se quedan en casa. Al año, el costo del delito en las empresas que operan en México asciende a 11.3 billones de dólares.

No estamos viendo que la oportunidad del nearshoring se puede convertir en una fuente de problemas si no ponemos orden en casa. Conforme la integración de ambas economías se profundice, cuantas más empresas y más ciudadanos estadunidenses lleguen a México, mayor será el riesgo de que una crisis se detone ante la inoperancia de nuestro gobierno para protegerlos. El asesinato y secuestro de ciudadanos estadunidenses en Matamoros es apenas una probada de lo que puede suceder. Y está el tema del otro nearshoring: el del fentanilo, en el que los cárteles de las drogas también entendieron que podían sustituir a China. Todo esto es terreno fértil para posturas que piden una intervención directa de Estados Unidos en México.

Nuestra integración es irreversible y podemos sacar mucha ventaja de ella, pero si México quiere jugar en las grandes ligas, se tiene que comportar como adulto. O ponemos orden en nuestro territorio o seremos campo fértil para enemigos internos y externos.



No estamos viendo que la oportunidad del nearshoring se puede convertir en una fuente de problemas si no ponemos orden en casa. Conforme la integración de ambas economías se profundice, cuantas más empresas y más ciudadanos estadunidenses lleguen a México, mayor será el riesgo de que una crisis se detone ante la inoperancia de nuestro gobierno para protegerlos.



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